La organización encargada del reparto de ayuda humanitaria en Gaza mantiene cerrados los puntos de distribución

La Fundación Humanitaria para Gaza (GHF, en inglés), el grupo privado apoyado por Israel y Estados Unidos para repartir comida en el enclave, no abrirá sus centros de distribución a primera hora de este jueves después de mantenerlos cerrados también durante el miércoles, según anunció en un comunicado.

"Nuestros centros de distribución no abrirán temprano" el jueves "debido a los trabajos de mantenimiento y reparaciones en curso", anunció la GHF en su página de Facebook.

La fundación no concretó cuándo volverá a repartir la necesitada ayuda humanitaria en la Franja y explicó que "compartirá información sobre los horarios de apertura cuando los trabajos sean completados".

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"La GHF está trabajando para hacer que la distribución de las cajas de comida sea lo más segura posible a pesar de las condiciones", agregó.

Los puntos de distribución de ayuda se mantuvieron cerrados a lo largo de todo el miércoles y el Ejército israelí prohibió el ingreso a las zonas y anunció que las vías que conducen a los centros "se consideran zonas de combate", en palabras del portavoz en árabe de las fuerzas armadas israelíes, Avichay Adraee.

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Esta pausa en la distribución de ayuda humanitaria llegó después de escenas de caos y desesperación de los civiles gazatíes en los repartos de comida, que se han realizado casi únicamente en el sur de la Franja de Gaza, dejando al norte del enclave sin acceso a la ayuda, y que no cubre las necesidades de una población que sufre hambre generalizada.

Además, los ataques del Ejército israelí en los centros de distribución han provocado al menos 62 muertos y cientos de heridos entre los palestinos que intentaban acceder a "exiguas cantidades de ayuda alimentaria", según el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Las fuerzas armadas de Israel custodian la entrega de comida de la GHF, una estrategia que la ONU criticó el miércoles por "falta de transparencia" y "responsabilidad cuestionable", en palabras del portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric.