Respaldo de PSOE y PP a la ley de representatividad agraria para "adaptar" el sector en Castilla-La Mancha

PSOE y PP en Castilla-La Mancha han vuelto a mostrar su sintonía al aprobar de manera conjunta la nueva Ley de Representatividad Agraria que según ha reivindicado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Julián Martínez Lizán, "adapta a la realidad actual" norma que no se había reformado desde 1977.

Durante el turno de fijación de posturas, donde los dos grandes partidos han escenificado su entente y Vox ha avanzado su voto en contra, Lizán ha destacado que esta norma cubrirá "un vacío normativo" y permitirá que se lleve a cabo un procedimiento "claro, transparente y adaptado" al sector para determinar qué organizaciones son las representativas de los agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha.

El consejero ha defendido que esta ley "da seguridad jurídica, estabilidad institucional y garantiza la interlocución de las entidades" agrarias con presencia en la región, al tiempo que contribuye a "fortalecer la voz del campo" con un "procedimiento de gobernanza más justo, representativo y eficaz".

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Las principales novedades que recoge este nuevo ordenamiento tienen que ver con el procedimiento a seguir por parte de las organizaciones para conformar el nuevo mecanismo de representatividad.

Estas organizaciones estarán obligadas a constituirse y estar reconocidas como organizaciones profesionales agrarias de carácter general y de asociación sindical, además de formar parte de una estructura estatal que sea miembro del Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias (COPA), y demostrar su defensa de la agricultura y la ganadería en las cinco provincias.

De cara a la determinación de la representatividad que mantendrán estas organizaciones, determina que las organizaciones agrarias deben tener un "número relevante" tanto de asociados como de sedes permanentes en la región, trabajadores en plantilla y desarrollo de programas de formación.

El diálogo con las administraciones, el asesoramiento que ofrezcan para facilitar el acceso a ayudas públicas como la PAC o el número de solicitudes tramitadas son otros de los aspectos que valorará esta nueva ley.

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De esta manera, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural será la encargada de designar qué organizaciones son las más representativas en base a este marco normativo, mediante resoluciones que tendrán un vigor de cinco años.

Vox pide elecciones

El portavoz de Vox en las Cortes de Castilla-La Mancha, David Moreno, ha insistido en el rechazo de su grupo a la normativa por no recoger la celebración de elecciones para elegir a los representantes.

“Se quieren repartir el campo como ya se han repartido los sillones, los coches oficiales y los puestos en la Mesa de las Cortes”, ha afeado Moreno, además de denunciar que la no celebración de comicios “perpetúa un sistema antidemocrático que lleva 46 años sin elecciones al campo”.

José María Fresneda, presidente de Asaja Castilla-La Mancha y Blanca Corroto, responsable de la organización en Toledo, durante el debate.

Otro de los puntos criticados por el portavoz de Vox ha sido la inclusión del requisito de que las organizaciones tengan que formar parte de la COPA, algo que según ha asegurado "no se da en otras comunidades autónomas".

"Se han presentado aquí sin escuchar las reivindicaciones de todo el sector" para aprobar una norma que "genera desigualdades" respecto a otros territorios mediante un proceso de tramitación "de manera oculta, con cierta nocturnidad y alevosía".

Frente a las críticas, Martínez Lizán ha lamentado el "papelón" de Moreno, a la vez que ha argumentado que Francia es el único país en el que se celebran elecciones para fijar la representatividad en el campo porque allí los agricultores están obligados a estar afiliados.

"Si en Castilla-La Mancha se convocaran elecciones, solo podrían participar el 20 por ciento de los trabajadores", ha añadido.

Acuerdo PSOE y PP

Por otra parte, también ha agradecido al PP su disposición para "trabajar por el consenso, escuchando la voz de los agricultores y ganaderos".

Desde el PP, el encargado de defender la postura del partido ha sido Santiago Lucas-Torres, que ha subrayado que la nueva ley responde a la "realidad" del sector y "no a los intereses políticos ni ocurrencias de nadie".

"La ley que no excluya a nadie, pero sí exige algo esencial, que quien representa al campo lo haga con legitimidad, con trabajo, con estructura y con presencia real en nuestra región", ha añadido en referencia a la pertenencia de las organizaciones a la COPA.

Por último, el diputado socialista Antonio Sánchez-Requena se ha referido a la norma como una normativa "sensata, que aporta criterios objetivos" y ha salido adelante con el 88 % de los diputados de la Cámara.