
Trabajadores de RTVCyL
La Junta financiará Castilla y León TV con 23,4 millones en los próximos dos años con el voto a favor del PSOE
El aumento llega con condiciones: se tiene que dedicar en un 60% a mejorar las retribuciones de los trabajadores.
Más información: CSIF y CCOO denuncian la "situación límite" de los trabajadores de RTVCyL y el PSOE acusa a Mañueco de corromper el modelo televisivo
La Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT acordó incrementar de cara a 2025 y 2026 la subvención anual que la Junta destina a RTVCyL hasta los 23,4 millones de euross por año, frente a los 21,3 millones actuales, a la que habrá de sumarse, por una sola vez en concepto de atrasos por la no actualización en el año 2024, casi 1,1 millón de euros más.
Este aumento está comprometido a que se dedique un 60 por ciento de la ayuda a mejorar las retribuciones de los trabajadores y un 30 por ciento del mismo a mejorar los medios materiales y técnicos que utilizan.
La Consejería de la Presidencia de la Junta de Castilla y León ha acogido una nueva reunión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de la TDT, presidida por Luis Miguel González Gago.

En el encuentro han participado representantes de la Dirección de Comunicación, la Dirección General de Telecomunicaciones y Administración Digital, y el director general de Radio Televisión Castilla y León (RTVCyL), Jorge Losada. También han estado presentes miembros de los grupos parlamentarios PP, PSOE, UPL–SORIA ¡YA! y Mixto.
Sin embargo, este incremento no será de libre disposición para la empresa concesionaria. Ante la actual situación de conflictividad laboral en RTVCyL, la Comisión ha condicionado el aumento de la ayuda a que se destine, al menos, el 90 % del mismo a mejorar las condiciones salariales y materiales de los trabajadores.
En concreto, se ha determinado que el 60 % del aumento vaya a retribuciones y el 30 % a modernización de los medios técnicos.
De la parte dedicada a salarios, el 56 % deberá destinarse a empleados acogidos al Convenio Colectivo sectorial de televisiones de Castilla y León, y el 4 % restante a personal fuera de dicho convenio, excluyendo en todo caso al personal de alta dirección.
La Comisión ha utilizado como referencia objetiva la evolución del Salario Mínimo Interprofesional, que ha aumentado un 5 % en 2024 y un 4,4 % adicional en 2025. Este criterio busca reforzar el proceso negociador entre la empresa y los trabajadores, al tiempo que garantiza una distribución justa y eficaz de los fondos públicos.
Además de las condiciones financieras, la Comisión ha aprobado los nuevos contenidos considerados de interés público que RTVCyL deberá cubrir en su programación para 2025 y 2026.
Interés público
Estos incluyen la difusión de la identidad autonómica, el seguimiento de la actividad institucional, los servicios públicos, y eventos culturales y deportivos relevantes.
Entre los eventos destacados se encuentran el Día de Castilla y León, la Semana Santa, las Edades del Hombre, el Camino de Santiago, la Vuelta Ciclista a Castilla y León, y festividades locales, así como efemérides importantes de los próximos dos años.
PSOE, OK
Por su parte, el PSOE de Castilla y León ha votado hoy a favor y lo ha hecho, según ha explicado el representante socialista en la Comisión de la TDT pensando en los trabajadores de la televisión.
El también secretario general del Grupo Socialista, Pedro González, ha explicado que esta subvención va condicionada a la mejora en las condiciones laborales y salariales de la plantilla y será revisado su cumplimiento en un plazo de tres meses.
“Nos sentimos satisfechos porque nuestro único objetivo es la mejora de las condiciones de los trabajadores”, ha remarcado. En un plazo de tres meses se revisará el cumplimiento de las condiciones.
Igea, en contra
El procurador Francisco Igea ha rechazado el acuerdo alcanzado en la Comisión Digital Terrestre para dotar durante los próximos dos años a la Televisión de Castilla y León de subvención de más de 23 millones de euros anuales. “Se pretende usar el dinero público para resolver un conflicto laboral”.
Igea ha mostrado su discrepancia en una reunión “donde no se ha aportado datos financieros y se ha mentido sobre los datos de su audiencia”. Para el procurador esta situación es “vergonzosa” y advierte “que el hecho puede constituir un delito de malversación”.