Pedro Sánchez y Aitor Esteban, el pasado 13 de marzo en la Moncloa. Europa Press
Moncloa oculta los informes en que se basó para regalar al PNV el palacete del Cervantes y los edificios inexistentes de Francia
Hacienda asegura que la información la tiene Memoria Democrática, pero este ministerio responde: "No consta información al respecto en este centro".
Más información: El Gobierno pagó 3,8 millones al PNV por dos casas inexistentes en Francia tras regalarle el palacete del Instituto Cervantes
El Gobierno oculta los informes y expedientes en los que se basó para hacer concesiones inmobiliarias al PNV. Se trata de la "restitución" de un palacete del Instituto Cervantes en París y de la "compensación" por "privación de uso" de dos edificios ubicados en las localidades francesas de Noyon y Compans, que ya no existen.
Aunque el palacete de París ha sido una de las grandes polémicas políticas de la legislatura, según ha desvelado EL ESPAÑOL, el Gobierno pagó 3,8 millones de euros al PNV para compensar la supuesta privación de uso de los edificios ubicados en Noyon (en Alta Francia, 107 kilómetros al norte de París) y Compans (Isla de Francia, 37 kilómetros al noreste de la capital), aun cuando los inmuebles no existen en la actualidad y los solares donde se ubicaban no pertenecen al Estado español.
La restitución y compensación es algo a lo que ya se negó el Gobierno de José María Aznar, porque consideró que el PNV no demostraba que hubiera sido titular de los inmuebles.
El Gobierno de Sánchez cambió de opinión, pero ni el Ministerio de Hacienda (de quien dependen los bienes inmuebles del Estado), ni el de Memoria Democrática (encargado de analizar estos procesos) han desvelado en qué se basan para tomar las decisiones que favorecen al PNV.
Tanto este diario como asociaciones civiles han realizado varias peticiones de información al Gobierno, amparándose en la Ley de Transparencia. Pero las respuestas del Gobierno no aportan luz sobre el caso.
EL ESPAÑOL solicitó al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Memoria Democrática, a través del Portal de Transparencia, los informes en los que se basó el Gobierno para entregar al PNV el palacete de París, así como para compensarle por los de Noyon y Compans.
En la respuesta de Hacienda, se asegura que esas cuestiones debe contestarlas el Ministerio de Memoria Democrática, que dirige Ángel Víctor Torres. Pero al dirigirnos a él, la respuesta es: "No consta información al respecto en este centro directivo".
En las respuestas de los dos ministerios tampoco se incluye cómo se han calculado exactamente los casi cuatro millones de euros que se han pagado como compensación por la privación de uso de los edificios de Noyon y Compans. Se explica que se ha tenido como base la ley de 1998, pero no cómo se ha aplicado a dos edificios que ya no existen.
"La respuesta a estas peticiones de transparencia no se sostiene. Es una prueba más de que con la entrega del palacete parisino al PNV no se pretendía cumplir una inexistente deuda del pasado, sino pagar un precio político en el presente", asegura José Domingo, presidente de Impulso Ciudadano, asociación que también ha pedido información en esta misma dirección.
"Estamos hablando de comprometer el gasto público con compensaciones improcedentes por dos fincas en Francia y con el pago de rentas por el edificio del Instituto Cervantes en París. Y también de regalar este inmueble, valorado en unos 15 millones de euros. El proceso no se solventa dándole las llaves al PNV, requiere cumplir muchos trámites formales en España y Francia. Queremos conocerlos", añade Domingo.
La titularidad
El PNV lleva desde 1998 reclamando la devolución del palacete en París y la compensación por la privación de uso de los de Noyon y Compans. El partido de Aitor Esteban aseguran que fueron comprados durante la Guerra Civil en su nombre, por un testaferro. Después fueron incautados por las autoridades nazis y acabaron integrados en el Estado español, gobernado entonces por Franco.
Los nacionalistas vascos defienden que los regímenes totalitarios se los robaron y que debían ser compensados por ello. El primer reclamo se lo hicieron al Gobierno de Aznar en 1998, cuando se aprobó precisamente la ley de restitución o compensación por los bienes incautados por la Guerra Civil.
El Consejo de Ministros entonces, por un lado, no consideró que el PNV demostrase la titularidad sobre los edificios. De la documentación extraída, se concluyó que los edificios pertenecían al Gobierno vasco, es decir, al Estado, y no al PNV.
Por otro lado, se le dijo al PNV que no podía acogerse a la ley de 1998 porque la forma en la que habían sido incautados y después integrados en el Estado español no estaba cubierta por los supuestos que recogía la norma. No era aplicable a su caso porque había tres sentencias de tribunales franceses que lo otorgaban al Estado, algo que confirmó después el Tribunal Supremo en una sentencia de 2003.
Sin embargo, Pedro Sánchez se comprometió con el PNV a devolver los edificios y desactivó la sentencia del Supremo con una redacción a la carta de una disposición adicional de la Ley de Memoria Democrática.
Si bien las acciones del Gobierno sirvieron para desactivar la sentencia del Supremo, nadie ha explicado por qué el Gobierno de ahora contradice al de Aznar y sí cree que la titularidad es del PNV, y no del Gobierno vasco en el exilio.
Peticiones desatendidas
Lo único que se conoce hasta el momento, y porque ha sido filtrado a la prensa, es un informe elaborado por el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López. Se trata de un cargo político, no técnico, que ha elaborado un escrito en el que asegura, según "estudios historiográficos", que los compradores del palacete de París tenían una "estrecha vinculación" con el PNV.
Eso es todo. Una estrecha vinculación, que no pruebas de titularidad.
La asociación civil Impulso Ciudadano hizo una petición similar y en el Ministerio de Memoria Democrática aseguran, esta vez, que esas cuestiones las resolverá el Ministerio de Hacienda. Pero Hacienda todavía no ha emitido su respuesta. Los dos ministerios se están pasando la responsabilidad de dar una respuesta entre sí, pero ninguno responde.
Se sabe, además, que tiene que haber varios expedientes que aborden esta cuestión, más allá del papeleo administrativo para la restitución o la compensación.
Los informes que faltan
Primero, en el informe del secretario de Estado de Memoria Democrática se lee que hay un encargo de recabar información por parte de la Dirección General del Patrimonio del Estado, la responsable de administrar los bienes inmuebles estatales y que depende de Hacienda.
De manera paralela, en la nota de prensa que el PNV envió para celebrar la restitución se habla de que la titularidad había quedado acreditada en los "informes que ha encargado el Ejecutivo español".
Además, se intuye que tiene que haber un expediente del Ministerio de Hacienda que rechace la cesión al PNV de estos inmuebles. Si no, la restitución se habría hecho por un cauce administrativo ordinario y no habría sido necesaria la figura del real decreto, que tiene que ser convalidado en el Congreso de los Diputados, para hacer efectiva la restitución.
