“You got to whip it up and use it like a schoolboy should”, Billy Gibbons.
El Gobierno de Sánchez se ha lanzado a su tradicional campaña de maquillaje estadístico y propaganda con los datos del paro.
Lo triste es que su mensaje de “el paro más bajo en 17 años” es falso y esconde una realidad mucho más dura: el paro total en abril de 2008 medido como demandantes de empleo totales era de 3.327.394 personas. En abril de 2025 es de 4.168.958 personas.
El paro efectivo (personas registradas en el SEPE y que no están ocupadas) se sitúa en abril de 2025 en 3,7 millones de personas. En diciembre de 2019 era de 3,5 millones de personas.
En abril de 2008 eran 3,15 millones. En abril de 2025 hay más de 1,13 millones de demandantes de empleo "ocupados" incluyendo fijos discontinuos inactivos.
Si a Sánchez y Yolanda Díaz les importase lo más mínimo el empleo y la calidad de este, estarían extremadamente preocupados ante el aumento exponencial de fijos discontinuos inactivos y de demandantes de empleo, pero solo les interesa el maquillaje estadístico.
El fracaso de las políticas laborales de este gobierno es evidente. A pesar del maquillaje estadístico, la tasa de paro y de holgura laboral de España es la más alta de la OCDE y la UE y ya superamos a Grecia, que ha reducido el paro mucho mejor sin el maquillaje de reclasificar los contratos temporales y estacionales como “fijos discontinuos” y así, cuando no trabajan, no aparecen como parados incluso si cobran seguro de desempleo.
La destrucción de empresas cotizando continúa y hay 45.296 menos que cuando Sánchez llegó a Moncloa
El paro efectivo no baja, como refleja Fedea y muchos otros análisis, la precariedad real medida en duración de los contratos no ha mejorado y el número de empresas cotizando se ha desplomado.
El paro efectivo se sitúa por encima de 3,7 millones de personas y en abril sólo el 17% de los contratos firmados fueron indefinidos a tiempo completo. Además, se firman un 36% menos de contratos que antes de la pandemia.
La destrucción de empresas cotizando continúa y hay 45.296 menos que cuando Sánchez llegó a Moncloa. Eso es lo que celebra el Gobierno. Alucinante.
El dato de afiliación es también un espejismo. Esos 21,7 millones incluyen 900.000 pluriempleos y un número elevado de afiliaciones no remuneradas.
A comienzos de 2025, la cifra de personas pluriempleadas se sitúa cerca de 900.000, de las cuales aproximadamente 100.000 desempeñan tres o más trabajos simultáneamente, según datos oficiales.
Contratar en España es caro y complejo para el empresario en un país de microempresas
El enorme nivel de paro y de precariedad no son fatalidades ni casualidades. Son el resultado de una regulación laboral que se supone que protege mucho, pero en realidad solo frena la creación de empleo.
Contratar en España es caro y complejo para el empresario en un país de microempresas. No solo tenemos unos costes laborales muy superiores a la media de la UE, sino una regulación que trata al empresario como si fuera un delincuente en potencia.
Se dispara el absentismo y no pasa nada. En el cuarto trimestre de 2024, la tasa de absentismo laboral general en España se situó en el 7,4%, uno de los tres países con mayor absentismo de Europa.
Las empresas españolas pagan aproximadamente el 29,9% del salario bruto en cotizaciones a la Seguridad Social, lo que supone 8 puntos porcentuales más que la media de la UE (21,9%). En Alemania, por ejemplo, se sitúa en el 19,9% y la media de las economías desarrolladas baja al 16,3%
No podemos olvidar el terrible coste del exceso de regulación. El Instituto Juan de Mariana ha publicado un informe excepcional (“el exceso de regulación y su impacto en la economía”) en el que se muestra el infierno regulatorio en el que vivimos.
El “impuesto oculto” de la regulación supone un efecto cercano a los 70.000 millones de euros anuales
España se ha desplomado en el Índice de Complejidad Regulatoria ha caído de 26,11 puntos en 2015 a 13,17 puntos en 2022 (muy elevada complejidad), un desplome del 50 por ciento.
De un total de 63 economías desarrolladas y emergentes, España ha pasado del puesto 50 a la antepenúltima posición del ranking.
El “impuesto oculto” de la regulación supone un efecto cercano a los 70.000 millones de euros anuales. Trámites redundantes, solapamientos normativos, demoras administrativas y otras trabas que desincentivan el emprendimiento, el empleo, la innovación y la generación de riqueza.
Así, el Instituto Juan de Mariana ha hecho una Curva de Laffer Regulatoria aplicable a la economía regional española. Comunidades como Madrid o País Vasco apoyan su crecimiento económico con un marco regulatorio menos restrictivo.
En sentido inverso, Cataluña sufre mayor carga normativa y, a consecuencia de ello, su economía sufre. El volumen de regulación por cada 1.000 euros de renta per cápita es hasta cuatro veces mayor en Cataluña que en Madrid o el País Vasco, según el informe.
No sorprende que los intervencionistas estén encantados con estas cifras de paro y esta asfixia burocrática. Así mantienen a la población cautiva y rehén y a las empresas asfixiadas. La evidencia del Estado Depredador que analizo en mi libro “El Nuevo Orden Económico Mundial”.
