Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso.

Cani Fernández, presidenta de la CNMC, durante su comparecencia en la Comisión de Economía del Congreso. Gabriel Luengas Europa Press Madrid

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La letra pequeña del informe de la CNMC sobre la opa del BBVA contradice los argumentos del Gobierno para intentar frenarla

Se amplió la investigación a 'fase 2' para dar acceso al expediente como interesado a Banco Sabadell y evitar que pudiera alegar indefensión.

Más información: El Gobierno se queda sin apenas margen legal para bloquear la opa BBVA-Sabadell por razones de interés general.

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El informe completo de la CNMC sobre la opa de BBVA-Sabadell demuestra cómo se analizó al mínimo detalle y con todas las asociaciones que lo pidieron el impacto territorial, las condiciones a pymes y particulares y la defensa de los clientes vulnerables, frente a los argumentos de interés general aducidos por Economía.

Carlos Cuerpo elevó la decisión final a Consejo de Ministros para garantizar, entre otras cosas, la cohesión territorial, las reglas del mercado y la inclusión financiera, aspectos que desgrana la CNMV y garantiza su cumplimiento tras consultar a las dos entidades, 13 bancos, 4 'fintech' y 18 asociaciones, de las que 16 son de pymes.

Fuentes conocedoras del proceso advierten que Competencia amplió además a 'fase dos' la investigación para dar acceso al expediente a Banco Sabadell, en calidad de "interesado". Al ser una opa hostil no podía acceder en la primera y podía alegar indefensión en el proceso.

El 12 de noviembre pasado se comunicó la ampliación por considerar que la operación de concentración podía "obstaculizar la competencia efectiva en determinados mercados". Apenas nueve días después se admitió la personación del Sabadell para que accediera al expediente.

A partir de ahí y durante cinco meses más, todas las partes pudieron hacer alegaciones, sobre todo los dos bancos implicados, en condiciones de transparencia y seguridad jurídica, para fundamentar los argumentos de la Dirección de Competencia con todos los mercados escudriñados desde lo más general, a los detalles mínimos de la fusión.

Fuentes jurídicas consultadas advierten de que la negativa a dar entrada como "interesados" en esa fase dos a la multitud de sindicatos, patronales y asociaciones que lo pidieron se debe a la imposibilidad de compartir con todos ellos los datos del expediente y el riesgo que eso suponía para cerrar la investigación con garantías.

Aun así, tal y como ratificó la presidenta de la CNMC en el Congreso, se consultó y se testaron los compromisos planteados por BBVA y los riesgos de concentración con casi todos ellos, además de con las entidades y los agentes más especializados del sector financiero.

El desglose de los compromisos y su análisis se realiza siempre teniendo en cuenta la opinión de los organismos de Competencia de Cataluña (ACCO) y de Valencia (CDC-CV), cuyo informe era preceptivo.

El resultado de todo ese trabajo tan "exhaustivo" -en palabras de Cani Fernández- se deja ver en el informe completo publicado este viernes, cuyo desglose deja poco margen a los argumentos de "interés general" que pueden provocar la imposición de condiciones por parte del Gobierno y complicar la operación.

El atolladero político

El compromiso de mantener oficinas abiertas y atendidas en las zonas en las que se puedan generar duopolios o de no cerrarlas en lugares de menor renta y habitantes, mejora incluso las condiciones que se impusieron en este aspecto en la fusión de Caixabank, asegura el informe en su letra pequeña.

Frente a las sospechas de Economía por la cohesión territorial, más allá de la política que se llegue a hacer con la marca en caso de integración (pueden quedar las dos durante un tiempo), el análisis por códigos postales asegura que todos los escenarios han sido previstos por Competencia.

El uso cada vez más intenso de canales online en los servicios financieros desbarata además el mito de la necesidad de mantener todas las sucursales, cuya existencia física es cada vez menos importante a la hora de cambiar o elegir entidad financiera, advierte el informe tras consultar a usuarios y entidades de ámbito nacional y local.

Los plazos de tres años para homologar condiciones y precios en productos de activo y pasivo, o los 18 meses para adaptar los cajeros, con la garantía de mantenimiento de condiciones, tampoco rompen esa unidad del territorio al menos en el servicio que hasta ahora tienen pymes y particulares.

El rastreo intenso del crédito a las pymes en Cataluña, Baleares y Valencia, que era la mayor preocupación, ha demostrado que no hay una vulneración de las reglas objetivas del mercado ni una situación de concentración. Al contrario, la competencia sobre Sabadell era y es frente a todo el sector.

Los usuarios de nuevo banco van a tener la mejor y más amplia red de cajeros de toda España en las mejores condiciones y sus operaciones de crédito no se van a ver empeoradas.

Frente al riesgo de incurrir en exclusión financiera a los clientes vulnerables esgrimida por Cuerpo, el compromiso de cuentas sin comisiones, 'Correos Cash' garantizado y comunicación constante llevan a una "mejora sustancial" de las previsiones normativas y las condiciones del mercado, asegura el informe de Competencia.

El Gobierno tiene ahora hasta el 26 de junio para poner sus condiciones a la operación, tras la consulta pública realizada, distintas a las de competencia y en virtud de un interés general limitado a cuestiones de política social o interés electoral, que a pura lógica económica.

Esta situación 'enquistada' y condicionada por las fuerzas políticas y sociales catalanas más que por las reglas del mercado es lo que ha levantado las alarmas en Bruselas, que avalan el informe de Competencia y ya ha avisado que vigilará las condiciones de Sánchez por si tiene que intervenir en defensa de los consumidores y usuarios.

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido en su informe de esta semana que los criterios de Competencia son los que deben prevalecer a la hora de decidir sobre el visto bueno a la operación.