Alfonso Rueda.
La Xunta llevará al Consultivo el decreto estatal que impone el reparto de menores migrantes
Rueda critica que la medida se adopta sin planificación, recursos ni consulta a las comunidades autónomas
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Este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha anunciado durante la sesión del Consello da Xunta que su Ejecutivo se dirigirá al Consello Consultivo de Galicia para solicitarle un informe sobre la constitucionalidad del decreto que regula el reparto de los menores migrantes.
El presidente considera que la decisión del Gobierno central invade competencias y que no garantiza los fondos suficientes para el acogimiento de estos niños y adolescentes. De esta manera, lo hará con vistas a presentar un recurso contra una medida del Gobierno que dirige el Ejecutivo de Sánchez y que ha definido como "un trágala sin diálogo".
A este respecto, el Consello de la Xunta autorizó solicitar al Consello Consultivo de Galicia (CCG) un
dictamen sobre la interposición de un recurso de inconstitucionalidad en relación al reparto de menores migrantes no acompañados que el Gobierno central impone a las comunidades autónomas.
El Ejecutivo autonómico considera que el Real decreto ley 2/2025, de 18 de marzo, que regula el traslado de estos menores puede resultar inconstitucional al invadir el ámbito de competencias de Galicia en materia de asistencia social y protección de menores.
"Sin ningún tipo de planificación"
Sobre esto, desde la Xunta se señala que esta regulación faculta en la práctica el Gobierno central para poder decidir unilateralmente sobre esta cuestión sin tener en cuenta que son las comunidades las que se encargan de su acogimiento, protección y tutela.
Asimismo, la Xunta indica que el uso de la figura del Real decreto no es apropiada en esta ocasión y que supera los límites fijados en el artículo 81 de la Constitución, ya que no está justificada una situación de urgente necesidad.
Por último, la Xunta entiende que la fórmula fijada para compensar los gastos que supone la recepción de estos menores es ambigua y puede dejar a Galicia fuera del sistema de financiación
de los costes de acogimiento.
El Gobierno gallego advierte de que este modelo deber a Galicia a emplear sus propios fondos para prestar un servicio que es impuesto por el Estado.
Alfonso Rueda ha sido muy crítico con el paso dado por el Ejecutivo estatal "sin ningún tipo de planificación" y, tras tildar el reparto de "injusto e incoherente", ha explicado que su Gobierno necesita un informe que clarifique si, "como sostiene la Asesoría Xurídica de la Xunta", el decreto "invade competencias de Galicia en materia de asistencia social y protección de menores".
Asimismo, confirmó que se pedirá la opinión del Consultivo sobre si el decreto en cuestión supone "una decisión unilateral" del Gobierno sobre aspectos que después gestionan las comunidades y que "no garantiza los fondos suficientes a las comunidades para prestar la atención y asistencia que necesitan estos jóvenes".
En su intervención, Rueda insistió en que Galicia está dispuesta a colaborar y a acoger a menores migrantes, pero advirtió que "las cosas deben hacerse bien, con diálogo, planificación y financiación adecuada".
A su juicio, la medida del Gobierno central se ha adoptado "sin escuchar a las comunidades, sin explicar los criterios del reparto y sin prever los recursos necesarios para su correcta aplicación".
"Nosotros vamos a cumplir con la ley, como siempre", afirmó, "pero no podemos aceptar imposiciones que afectan directamente a nuestras competencias sin ni siquiera haberse sentado a hablar con nosotros".
