Un mes después del apagón general que fundió a negro la Península ibérica durante casi toda la jornada, el Gobierno sigue sin aportar explicaciones sobre los motivos que provocaron el mayor fallo eléctrico de la historia reciente en cualquier país desarrollado.

Nada más allá de que "se detectó una situación de sobretensión en el sistema eléctrico peninsular", que llevó a desconexiones de los sistemas de generación en cascada.

Eso sí, la ministra para la Transición Ecológica ha negado "tajantemente" este miércoles en el Congreso que el cero energético del pasado 28 de abril fuera resultado de un experimento del Gobierno.

El problema es que tampoco ha aportado una explicación alternativa a la del "experimento controlado que salió mal" que, según The Telegraph, habría causado el apagón, después de probar de forma temeraria hasta qué límite podía reducirse la dependencia de combustibles fósiles. Una tesis que, pese a resultar verosímil, ha merecido el calificativo de "bulos que llegan de distintos medios sospechosos" por parte de la ministra.

Lo más cuestionable de las distintas líneas de investigación abiertas es que todas ellas se están focalizando en explicar el evento desencadenante del fallo en los milisegundos previos a la caída de la red, cuando lo realmente relevante es esclarecer por qué Red Eléctrica no logró aislar la incidencia.

Tampoco parece interesado el Ejecutivo en indagar en las múltiples alertas por problemas en la red que ocurrieron en los días previos a la avería, cuando se registraron incidentes menores como sobretensiones, oscilaciones de tensión y desconexiones puntuales.

El consenso experto se está decantando hacia la hipótesis de una red inadaptada para mantener el respaldo síncrono cuando la mayor parte del mix energético proviene de las renovables. Lo que apuntaría a una responsabilidad directa del Gobierno, por su modelo energético, y de Red Eléctrica, por plantear una planificación extrema en cuanto a la carga de producción renovable frente a otros tipos de generación más estable.

Además, en el caso de la operadora, las críticas provienen también de dentro. Fuentes de Red Eléctrica deslizaron a EL ESPAÑOL que si la tercera en la cadena de mando de REE, encargada de garantizar el equilibrio y la seguridad del sistema eléctrico ante cualquier eventualidad, no hubiera estado fuera de Madrid, "no habría habido un apagón".

Y, sin embargo, Red Eléctrica sigue manteniendo que ninguna de las posibilidades que se barajan fueron las causantes del fallo, defendiendo su gestión de las redes y derivando la responsabilidad a las compañías eléctricas.

Y el Gobierno, al mismo tiempo que preconiza la prudencia de esperar a los primeros resultados de la investigación no antes de tres meses, aventa distintas hipótesis exculpatorias, infundadas y contradictorias con las de REE que sólo inducen a confusión y generan fricciones con las energéticas. Estas han negado que el fallo se deba a la generación, como sostiene el Ejecutivo.

Los ademanes gubernamentales adquieren un mayor tinte elusivo cuando se toma en cuenta que los responsables del cero absoluto afrontan sanciones de hasta 60 millones, y que están expuestos a indemnizaciones de más de 1.000 millones de euros.

Por todo esto, parece razonable que la Comisión de Investigación dirigida por el Ministerio para la Transición Ecológica esté despertando sospechas entre las eléctricas.

Máxime cuando el Gobierno, como informa hoy este periódico, ha blindado los datos de sus pesquisas y negado la información más exhaustiva solicitada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que está conduciendo su propia investigación paralela.

El Gobierno sólo logrará que la imparcialidad de su investigación quede aún más en entredicho si obstaculiza investigaciones realmente independientes orientadas a determinar las posibles responsabilidades y las conductas sancionables que pudieran derivarse de ellas.

Red Eléctrica debe compartir toda la información relevante con todos los actores implicados en el incidente del 28 de abril, para garantizar que se realice un análisis técnico lo más preciso y objetivo posible.

Pero es que además los ciudadanos tienen derecho a que el Gobierno les facilite de forma transparente información clara sobre la razón de la caída de su sistema eléctrico público. En ese sentido, que la presidenta de Red Eléctrica aún no haya ofrecido una rueda de prensa es igualmente injustificable.