Bruselas pide a Sánchez más gasto en Defensa y una reforma fiscal con subida del IVA y de las tasas verdes

Estas son las principales exigencias recogidas en las recomendaciones anuales de política económica que el Ejecutivo comunitario dirige a España. Nuestro país se salva de un procedimiento sancionador por déficit excesivo porque, aunque el año pasado superó el límite del 3%, la desviación (3,2%) es pequeña, temporal y se debió a los gastos extraordinarios de la dana de Valencia.

En cuanto a la ejecución presupuestaria de 2025, España se ha comprometido a limitar el aumento del techo de gasto al 3,7%, pero Bruselas prevé que se vaya hasta el 4,2%. No obstante, este desvío entra dentro del margen permitido por las nuevas reglas de disciplina fiscal, por lo que de momento no preocupa a la Comisión.

Cuerpo choca con Bruselas: el Gobierno ya ha tomado

En todo caso, Bruselas pide a Sánchez "seguir fortaleciendo la sostenibilidad fiscal mediante la revisión y simplificación del sistema tributario, incluyendo la transferencia de parte de la carga fiscal del trabajo a los impuestos ambientales, de consumo y sobre bienes inmuebles".

El informe denuncia que la principal fuente de ingresos fiscales en España son los impuestos sobre el trabajo (50,5% de los ingresos fiscales en 2022). En contraste, nuestro país es uno de los Estados miembros con menos ingresos procedentes de impuestos al consumo, mientras que las tasas medioambientales también están por debajo de la media comunitaria.

Las subidas del IVA y de las tasas verdes "garantizarían los ingresos fiscales y apoyarían la creación de empleo y la actividad económica a futuro, al tiempo que reducirían las distorsiones económicas causadas por el gran peso de los impuestos sobre el trabajo".

En paralelo, España debe "reforzar el gasto en defensa" para hacer frente al vuelco geopolítico provocado por la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y al mismo tiempo ceñirse estrictamente a los techos de gasto previstos en el plan plurianual de ajuste que el Gobierno ha pactado con la UE.

El comisario de Asuntos Económicos, Valdis Dombrovskis, ha reclamado además al Gobierno de Pedro Sánchez que acelere la ejecución de los fondos Next Generation, dado que el plazo para cumplir todas las reformas e inversiones caduca en agosto de 2026 y el último pago se recibirá a finales del año que viene, sin posibilidad de prórroga.

"Para cumplir con los compromisos del plan de recuperación y resiliencia antes de agosto de 2026, es esencial que España acelere la implementación de reformas e inversiones", señala el informe. En la actualidad, nuestro país sólo ha cumplido sólo el 30 % de los hitos y objetivos de su plan de recuperación.

Bruselas todavía no ha culminado la evaluación del quinto pago de 23.900 millones que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, solicitó en diciembre de 2024. Una de las condiciones exigidas por la UE a cambio de este dinero, la subida de los impuestos al diésel, sigue sin aprobarse.

"Los obstáculos para la implementación de los fondos están relacionados con la capacidad de absorción, especialmente debido a la concentración de inversiones hacia el final del período de ejecución. Estos problemas se ven agravados por el gran volumen de fondos canalizados a través de instrumentos financieros", dice el informe.

"Reforzar la coordinación entre los distintos niveles de la administración, junto con la simplificación de los procedimientos, ayudaría a acelerar la absorción de los fondos y a garantizar que el apoyo llegue a tiempo a los beneficiarios finales", concluye la Comisión.

El FMI se suma a Bruselas y exige a España una reforma fiscal y suprimir deducciones tributarias

Además, Bruselas ha dirigido por primera vez a España una recomendación específica en materia de vivienda. En concreto, el Ejecutivo comunitario reclama "aumentar la oferta de vivienda completando la reforma de la ley del suelo, reduciendo los plazos de tramitación de permisos, eliminando los cuellos de botella administrativos y abordando la escasez de mano de obra en el sector de la construcción".

Las autoridades españolas deben tomar además medidas para "fortalecer la oferta de vivienda social y asequible". "La escasez de vivienda y su efecto en los precios de la vivienda impactan en la renta disponible de los hogares y representan un desafío, especialmente para las familias de bajos ingresos y los jóvenes", denuncia la Comisión.

El informe se hace eco de los datos del Banco de España que muestran que la economía española presenta un déficit de aproximadamente 600.000 viviendas. Casi el 40 % de los inquilinos en España
destinan ahora el 40 % de sus ingresos al alquiler y gastos de vivienda, en comparación con la media de la UE, que es del 27 %.

"La reforma de la ley del suelo está pendiente y facilitaría el desarrollo de nuevas viviendas al reducir los tiempos de tramitación, promover la estabilidad normativa y eliminar cuellos de botella administrativos innecesarios", insiste Bruselas.

En materia de competitividad, el Ejecutivo comunitario reclama al Gobierno "simplificar la regulación, mejorar las herramientas normativas y reducir la carga administrativa, así como la fragmentación regulatoria entre regiones". La otra clave consiste en "aumentar la eficiencia judicial agilizando los procedimientos judiciales y digitalizando aún más el sistema de justicia en todas las regiones".

España debe "invertir en almacenamiento de energía, transmisión y distribución de electricidad, así como en interconexiones eléctricas transfronterizas", así como "mejorar la gestión del agua para adaptarse mejor a los efectos actuales y futuros del cambio climático".

Las recomendaciones de Bruselas se completan con un capítulo dedicado a cuestiones sociales, en el que la prioridad es combatir la pobreza infantil, mejorar la eficacia de las ayudas sociales, reducir el abandono escolar y fortalecer la formación profesional dual.