Madres, activistas y profesoras del Colegio Madrid apuestan por una educación analógica.
Vuelven las pizarras y las tizas: cómo una revuelta ciudadana sin sesgo ideológico convirtió en ley la educación sin pantallas
Siete comunidades están legislando contra la digitalización, al igual que ha hecho esta semana el Gobierno, al calor de una corriente que alerta sobre los efectos nocivos de este fenómeno.
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Clara tuvo a su hijo con 24 años. Hace ahora una década, justo el momento en el que los colegios iniciaron una carrera por la digitalización que ha convertido los ordenadores y las tabletas en una herramienta básica en las aulas. Ella tenía claro que no quería eso para Mateo y decidió inscribirlo en un colegio donde la educación sigue siendo del todo analógica.
"No ha tocado nunca muchas pantallas. Pero cada vez que ha pasado más tiempo expuesto he notado un principio de adicción, que estaba más enfadado, tenía menos energía y más inseguridad", cuenta la madre. Lo hace delante de un encerado, de los de antes, con un dibujo para la clase de Naturales de quinto de Primaria.
Estamos en el Colegio Madrid - Fundación Santa María, un privado de una zona acomodada de la capital, que siempre ha tenido autonomía para implantar este tipo de métodos. La profesora Teresa Balbás lo describe como un "sistema artesanal" en el que los niños elaboran todo a mano "en un proceso lento de aprendizaje".
Desde el curso que viene todos los colegios públicos y concertados de la Comunidad de Madrid eliminarán el uso individual de dispositivos informáticos para los niños de 0 a 12 años, como consecuencia de una de las últimas medidas frente a la digitalización en las aulas, a la que ahora se suman cada vez más Administraciones públicas.
La Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia y Galicia, gobernadas por el PP, así como Asturias y Cataluña, regidas por el PSOE, ya han aprobado o están ultimando leyes en este sentido. También el Gobierno central aprobó esta semana un amplio proyecto de ley que restringe el uso de móviles a los menores en las aulas y retrasa hasta los 16 años el acceso de los jóvenes a las redes sociales.
Se trata del ejemplo más reciente de un cambio de tendencia que algunos expertos califican como "histórico". Si antes lo revolucionario era digitalizar las aulas, ahora lo innovador es todo lo contrario. De ahí que los apóstoles de lo analógico destaquen que estamos ante la primera vez en la era de Internet que existe un consenso amplio en deshacer parte del camino andado.
Aparecen informes, libros que se convierten en bestsellers, expertos que aconsejan retirar las pantallas a los críos, youtubers que, paradójicamente, acumulan cientos de miles de seguidores clamando por volver al papel o series de televisión que encienden una luz roja. El último fenómeno es la serie Adolescencia, una producción que alerta de los riesgos de la hiperconexión entre los jóvenes.
Madres, profesoras del Colegio Madrid y activistas apuestan por una educación analógica.
Pero hacía falta articular todo ese magma. Por eso, cuando un grupo de familias comenzó a extender a través de WhatsApp una iniciativa que reclamaba una menor digitalización en las escuelas y retrasar la edad a la que un niño debe tener un teléfono inteligente, el movimiento se fue expandiendo como una mancha de aceite.
Así surgió Adolescencia Libre de Móviles (ALM), una organización que agrupa a unas 50.000 familias por toda España -según sus propios cálculos-, y cuya presidenta en Madrid es María Gijón, una emprendedora que ya tenía una cuenta en Instagram sobre la educación sin pantallas.
"Hablamos de una cuestión de salud pública. Por tanto, el movimiento tiene que ser transversal. Incluye a personas de todas las ideologías, diferentes tipos de familias y no distingue entre el ámbito urbano o rural", sostiene.
Las premisas de ALM son que no apuestan por la prohibición sino por aconsejar a los padres sobre los efectos de los teléfonos inteligentes en sus hijos, que no se declaran "antitecnológicos" sino que apuestan por un uso regulado de la tecnología y que no existe detrás una motivación política.
Pero sus reivindicaciones ya han llegado a las instituciones. De hecho, Adolescencia Libre de Móviles ha participado en los debates con la sociedad civil que han mantenido las comunidades y el Gobierno central para aprobar las últimas leyes.
"En cuanto a Madrid, nos parece muy positivo que se eliminen las pantallas de 0 a 3 años y que después el uso sea limitado y controlado por los profesores, pero nos gustaría que la legislación se ampliara a Secundaria [de 12 a 16 años] y que se cancelara la posibilidad de utilizar móviles en los colegios aunque tengan una intención pedagógica, como ahora dice la ley", relata María Gijón.
Ella, como presidenta regional de la asociación ha comparecido en la Asamblea de Madrid para informar sobre el fenómeno del uso de la tecnología en niños y adolescentes.
Su recomendación es que ningún menor de 16 años tenga un teléfono inteligente, que los chicos no puedan crear una cuenta en redes sociales hasta esa edad y que los móviles no entren en los colegios bajo ningún concepto, como reclaman también otros expertos.
María Gijón (izq) y Clara (dcha), madre de un alumno del colegio.
Un chat en Poblenou
Realmente, el movimiento nació en noviembre de 2023, cuando Elisabet García, una madre del barrio de Poblenou (Barcelona), empezó a movilizarse para que los alumnos de Primaria y Secundaria no pudieran acceder a clase con móvil.
"En ese momento nadie estaba diciendo esto en voz alta, pero cuando alguien del cole alertó de ello, el resto de familias se dio cuenta de que todos pensábamos lo mismo", asegura Xavi Casanovas, vicepresidente de ALM en Cataluña.
La mayor parte del colectivo está integrado por madres, lo que da cuenta de que quienes se siguen ocupando prioritariamente de la educación de los niños en las familias son ellas. Aunque Xavi fue uno de los que se sumaron a la llamada.
"Nosotros mismos fuimos los primeros en sorprendernos de lo rápido que fue y está yendo todo, pero creo que hemos llegado a un momento de reflexión que antes no había existido", expone.
Según el portavoz catalán, que menciona también diferentes informes, "ha pasado el tiempo necesario para que veamos los primeros efectos de esa digitalización acelerada que hemos vivido en las aulas". Un proceso que se aceleró aún más a raíz de la pandemia.
Numerosos estudios revelan que las pantallas han reducido la capacidad de concentración de los niños, disminuyen la capacidad de comprensión de los textos y han incrementado los problemas de ansiedad y salud mental entre los menores. Una tesis con la que el psicólogo Jonathan Haidt escribió su libro La Generación Ansiosa (Deusto, 2024), que se convirtió en un superventas en Estados Unidos.
Las notas del Informe PISA en Matemáticas, Ciencia y, sobre todo, en habilidad lectora han ido empeorando progresivamente durante los últimos años. Y, aunque no sea posible atribuir directamente las malas notas al uso de la tecnología, psicólogos y pedagogos alertan sobre la menor concentración de los alumnos.
Suecia, un país que tradicionalmente se ha tomado como ejemplo por sus políticas educativas, fue pionera en iniciar la desdigitalización a mediados de 2023. Y desde entonces cada vez más países han seguido la misma senda.
"Es un ejemplo de que se trata de un movimiento global, que afecta a todos por igual, y esto provoca que haya muchos colectivos como el nuestro en diferentes países, con los que también tenemos relación”, señala el vicepresidente de la organización en Cataluña.
Llegar a todos
Uno de los retos que tenían desde este colectivo era demostrar que sus ideas no eran fruto de una élite o de una clase media bienpensante que puede sustituir el recurso fácil de dar un móvil a un niño con otras herramientas que requieren más tiempo e imaginación. En el ámbito doméstico la clave es la concienciación, pero en el ámbito educativo la única solución era legislar.
Los colegios públicos son los que han seguido hasta ahora un criterio homogéneo hacia la digitalización, a través de las decisiones de las Consejerías de Educación de las comunidades. Y, aunque hay que remarcar que los dispositivos electrónicos se han usado con fines pedagógicos, las propias administraciones públicas están reconociendo que ese no era el camino.
"En las familias vulnerables el uso del móvil suele ser más elevado. Y si además le sumas las pantallas educativas en los colegios, resulta que los niños pasan muchas horas al día conectados. Ya sabemos que este sistema es nocivo, es algo que está demostrado, por lo que defendemos que no sólo sea un privilegio para familias que puedan pagarse un centro privado, sino que todo el mundo tenga derecho a recibir una educación sin pantallas", defiende María Gijón.
María Gijón, presidenta de Adolescencia Libre de Móviles en Madrid.
Es lo que ya hizo, por su cuenta y riesgo, María, una profesora de Filosofía de otro centro educativo de Madrid. Cuando a su colegió llegó una directiva informándoles de que debían cambiar las pizarras tradicionales por otras digitales, ella se negó. Dijo que pensaba seguir dando clase como había hecho siempre y así fue.
"La transmisión del conocimiento no puede ser algo tan instantáneo como los ritmos a los que estamos acostumbrados. Requiere tiempo, es lento, hace falta pensar, asimilar, preguntar y creo que las pantallas animan a todo lo contrario. No creo que yo sea ninguna revolucionaria, simplemente nos han impuesto un orden nuevo por unos intereses ajenos al conocimiento", opina.
La profesora se pregunta "cómo es posible que si suelen faltar recursos humanos para mantener la educación pública, se destinen todos estos fondos a la tecnología”.
Y ahí introduce una teoría que suelen enarbolar los enemigos de este sistema: "Los dueños de las compañías tecnológicas se dieron cuenta de que sólo les faltaba por conquistar el nicho de los niños y adolescentes, y la comunidad educativa se dejó fascinar por algo que parecía moderno".
Movimiento Off
Por supuesto, hay opiniones contrarias. También ha habido profesores, pedagogos o psicólogos que apuestan por la formación en competencias digitales y aseguran que sacar los dispositivos electrónicos de las aulas es nadar en contra de una corriente imparable.
De hecho, cuando la Comunidad de Madrid aprobó su última medida en este sentido, sindicatos educativos, patronales de colegios concertados, escuelas católicas y asociaciones de padres se opusieron a la norma, alegando que impedía la libertad de elección. Las críticas fueron interpretadas por otros colectivos como "ideológicas".
La OCDE, la organización que desarrolla el Informe PISA, llegó hace año y medio a una conclusión intermedia. No desaconsejaba el uso de móviles y otros dispositivos electrónicos en las escuelas, pero sí recomendaba un uso "moderado" para mejorar el rendimiento académico.
En cualquier caso, la corriente contra la hiperconectividad parece en este momento la más movilizada, lo que ha provocado el surgimiento de otros grupos. Y al calor de la creación de Adolescencia Libre de Móviles, en febrero de 2024 nació otra iniciativa llamada Movimiento Off.
Su impulsor fue el académico y emprendedor Diego Hidalgo, que firmó un manifiesto al que se adhirieron personalidades tan diversas como José Ignacio Goirigolzarri (presidente de CaixaBank), César Antonio Molina (exministro de Cultura con el PSOE) o el profesor y expolítico del PP José María Lasalle. En total, un centenar de figuras del ámbito empresarial, la Sociología, los medios de comunicación, la cultura o la Ética.
"Hemos vivido en una lógica tecnosolucionista, pensando que la tecnología lo iba a solucionar todo, y cuando lo hemos llevado al ámbito de la educación se ha revelado como un experimento fallido. Nuestra mirada crítica consiste en que la tecnología puede ser útil para algunos aspectos de la vida, pero no puede sustituir otros como el aprendizaje", sostiene Diego Hidalgo.
Fichas en un aula del Colegio Madrid.
Su manifiesto vincula este fenómeno con problemas como la salud mental o la desinformación, por la dificultad para discernir lo cierto de lo falso. Y propone medidas concretas en los colegios como garantizar que los manuales escolares estén siempre disponibles en papel, que el uso de pantallas se limite a situaciones excepcionales o impedir que los deberes se realicen en plataformas digitales para facilitar la desconexión.
Diego Hidalgo también apoya las leyes que se han aprobado en diferentes comunidades, aunque también ampliaría la regulación a Secundaria, ya que "estos fenómenos tienen unos efectos más bestias entre adolescentes". Y resalta, como hacen desde Adolescencia Libre de Móviles, que todo esto "no obedece a una cuestión ideológica, sino que es una opinión compartida entre personas de diferentes corrientes".
Su organización también ha sido consultada por diferentes administraciones como la Comunidad de Madrid, que ha "atendido la mayor parte" de sus demandas.
Diferentes modelos
La Región de Murcia fue la primera comunidad en restringir las pantallas individuales en Lengua y Matemáticas hasta los 10 años y recomendó no utilizar métodos de enseñanza basados en la recompensa digital -lo que conoce como gamificación-, aunque deja libertad de elección a los centros.
En Baleares y la Comunidad Valenciana siguen estudiando de qué manera limitar las pantallas, al tiempo que en Cataluña y Galicia preparan leyes más amplias de Digitalización Responsable y Educación Digital, respectivamente, que deberían ir en la misma línea.
Mientras, el proyecto de ley del Gobierno, que tiene un contenido más amplio y va más allá del ámbito educativo, también recoge reivindicaciones de los colectivos que apuestan por una educación analógica.
Para María Gijón hay elementos positivos, pero también un cierto "batiburrillo de medidas que en algunos casos competen a la Unión Europea". Pone como ejemplo el sistema de verificación de edad que el Ejecutivo reclama a las plataformas, "cuando debería ser obligatorio para que estas puedan operar".
Su organización también envió alegaciones a un anteproyecto de ley que el Gobierno elaboró en junio y que ha cristalizado este martes en Consejo de Ministros. Y aunque Adolescencia Libre de Móviles rechaza todo interés político, sí tiene entre sus estrategias la "incidencia institucional" para seguir influyendo en la agenda de las administraciones.
